martes, 3 de marzo de 2015

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y SU PROCESO INEDITO Lic. Miguel Castillo Martínez

Inédito como lo han calificado algunos, ciertamente extemporáneo, aderezado con filtraciones, dimes, diretes y alguno que otro reclamo por parte de la masa crítica de transparencia, ayer inició un proceso singular de discusión a fin de lograr la aprobación del dictamen que crea la Ley General de Transparencia, reglamentaria de la reforma constitucional aprobada en febrero del dos mil catorce y que es elemento indispensable para iniciar el andamiaje jurídico nacional que homologue el proceso de acceso a la información pública en México.

 El dictamen que fue circulado en diciembre pasado y que contenía elementos que generaban cierta preocupación entre expertos en la materia, se congeló de pronto cuando surgió un rumor, (dicen algunos que soportado en un documento que hasta hoy se desconoce), de que existían ochenta y dos observaciones sobre dicho proyecto emitidas por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

            El asunto fue escalando de manera pública y la presión hacía el Senado y la Consejería Jurídica fue incrementándose, lo que genero que las comisiones encargadas del dictamen, que debía haber sido aprobado el 7 de febrero pasado, abriera un proceso sui generis a fin de terminar con la especulación y escuchar las voces críticas al proyecto de primera mano.

            Es justo reconocer que el proceso para elaboración de la Ley General también ha sido inédito. Trabajaron Senadores con expertos durante varios meses para obtener un producto, que al final, según el dicho de algunos participantes, tuvo algunos cambios importantes que causaron molestia y reclamos posteriores.

            La realidad es que nos encontramos ante un proyecto de dictamen, que era necesario abrir a la discusión a fin de señalar y corregir los detalles que podrían generar retrocesos, escuchar de primera mano a la Consejería Jurídica Federal sobre las supuestas observaciones, conocer la postura de otros nuevos sujetos obligados y sus preocupaciones, y terminar de construir de manera rápida y eficiente esta Ley que resulta indispensable para seguir construyendo el Sistema Nacional de Transparencia.

            Lo que vimos ayer quienes somos parte integral del tema, es a todas luces alentador y sano. Por una parte, el diálogo abierto y sustentado antes de aprobar leyes resulta indispensable para construir normas jurídicas eficaces, y por otro lado, el intercambio entre nuestros representantes, los expertos en la materia y quienes por ley deben cumplir la norma que se propone es sin duda esperanzador.

            Sin embargo no podemos olvidar que estamos ya con un retraso en la aprobación de la ley, que la misma tiene todavía un trámite legislativo y que es la base para la modificación constitucional y legal de normas estatales que afectan la construcción de un sistema nacional de transparencia.

            Por lo pronto, vimos ayer a una consejería jurídica mucho menos ruda de lo que se especulaba, aunque todavía falta terminar de construir los consensos sobre las preocupaciones que tantos expertos como órganos garantes tienen sobre ciertos artículos que podrían constituir retrocesos evidentes y lamentables.

            Es tiempo de ser proactivos y eficaces. El proceso de transparencia que se ha construido en el Senado desde el año pasado y la apertura a discutir con todos antes de tomar decisiones deberá ser la norma de la nueva representación democrática en México.

            Por lo pronto, esperemos un producto mejor después del debate, lo mejor posible dentro de lo deseable y lo más pronto posible para el beneficio de todos.


            Las discusiones terminan hoy, ojalá que sirvan para que el Senado, a la brevedad, presente un dictamen que cumpla con las expectativas de la sociedad.

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