Por: Martín Hernández Alcántara
2012-01-18 03:50:11
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) solicitaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) promuevan una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos del estado de Puebla, porque son violatorios del artículo Sexto Constitucional.
De esta manera, el órgano garante de la transparencia a nivel federal y el organismo que aglutina a todas las instituciones garantes estatales, reprobaron las reformas a los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos 2012 de Puebla –que establecen un costo de 80 pesos por copia a los requirentes–, pues considera que “dichas modificaciones limitan el acceso a la información pública”.
El Instituto Federal de Acceso a la Información emitió ayer el comunicado IFAI/007/12 en el que explica que las enmiendas aprobadas por el pleno de la LVIII Legislatura local el año pasado son contrarias al artículo Sexto Constitucional.
El comunicado se transcribe íntegro a continuación:
“En relación con las recientes reformas a los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos 2012 de Puebla, por el H. Congreso del Estado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) manifiesta su preocupación porque dichas modificaciones limitan el acceso a la información pública, consagrado en el artículo Sexto de la Constitución como un derecho fundamental de las personas.
“Las modificaciones a la Ley de Ingresos –publicadas en el Periódico Oficial del estado de Puebla, del 19 de diciembre de 2011–, prevén que la información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo pago de los derechos correspondientes, que asciende a 80 pesos.
“Lo anterior contraviene la fracción III del artículo Sexto Constitucional, ya que cancela el derecho de las personas a obtener información pública gubernamental de manera gratuita y contraviene el ejercicio expedito de este derecho.
“Además, las mencionadas reformas quebrantan la disposición constitucional que establece que ‘toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos’. De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Ingresos, ahora las personas están obligadas a presentar documentos de identidad para recibir la información pública.
“Al respecto, el IFAI respalda la iniciativa de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República (PGR) que promuevan una acción de inconstitucionalidad para demandar la violación de los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos del estado de Puebla, respecto de lo dispuesto en el artículo Sexto de la Constitución”.
Desde noviembre del año pasado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Puebla hizo un llamado al Congreso del estado para modificar la Ley de Ingresos de 2012 en los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos que propuso el gobierno de Rafael Moreno Valle, argumentando que los diputados validarán una “herencia” de la pasada gestión estatal y de la actual Legislatura con la adición de un párrafo que inhibe la transparencia administrativa:
“La información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a la operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal que, en términos de las disposiciones aplicables no exista impedimento para proporcionarla, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo al pago de los derechos a que se refiere el inciso A de esta fracción”, explicó en aquella ocasión la Amedi, cuya solicitud no fue escuchada.
La Amedi sostuvo entonces que, tal como está la redacción de ese documento, las dependencias estatales o entidades de la administración pública a las que se les solicite la información estarán obligadas únicamente a entregar una copia certificada, nunca los originales.
La asociación recordó que Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla le permite al solicitante decidir la modalidad en la que prefiere que le sea entregada la información requerida: mediante copia certificada o copia simple, de manera electrónica o incluso verbalmente.
2012-01-18 03:50:11
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) solicitaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) promuevan una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos del estado de Puebla, porque son violatorios del artículo Sexto Constitucional.
De esta manera, el órgano garante de la transparencia a nivel federal y el organismo que aglutina a todas las instituciones garantes estatales, reprobaron las reformas a los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos 2012 de Puebla –que establecen un costo de 80 pesos por copia a los requirentes–, pues considera que “dichas modificaciones limitan el acceso a la información pública”.
El Instituto Federal de Acceso a la Información emitió ayer el comunicado IFAI/007/12 en el que explica que las enmiendas aprobadas por el pleno de la LVIII Legislatura local el año pasado son contrarias al artículo Sexto Constitucional.
El comunicado se transcribe íntegro a continuación:
“En relación con las recientes reformas a los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos 2012 de Puebla, por el H. Congreso del Estado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) manifiesta su preocupación porque dichas modificaciones limitan el acceso a la información pública, consagrado en el artículo Sexto de la Constitución como un derecho fundamental de las personas.
“Las modificaciones a la Ley de Ingresos –publicadas en el Periódico Oficial del estado de Puebla, del 19 de diciembre de 2011–, prevén que la información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo pago de los derechos correspondientes, que asciende a 80 pesos.
“Lo anterior contraviene la fracción III del artículo Sexto Constitucional, ya que cancela el derecho de las personas a obtener información pública gubernamental de manera gratuita y contraviene el ejercicio expedito de este derecho.
“Además, las mencionadas reformas quebrantan la disposición constitucional que establece que ‘toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos’. De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Ingresos, ahora las personas están obligadas a presentar documentos de identidad para recibir la información pública.
“Al respecto, el IFAI respalda la iniciativa de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República (PGR) que promuevan una acción de inconstitucionalidad para demandar la violación de los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos del estado de Puebla, respecto de lo dispuesto en el artículo Sexto de la Constitución”.
Desde noviembre del año pasado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Puebla hizo un llamado al Congreso del estado para modificar la Ley de Ingresos de 2012 en los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos que propuso el gobierno de Rafael Moreno Valle, argumentando que los diputados validarán una “herencia” de la pasada gestión estatal y de la actual Legislatura con la adición de un párrafo que inhibe la transparencia administrativa:
“La información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a la operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal que, en términos de las disposiciones aplicables no exista impedimento para proporcionarla, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo al pago de los derechos a que se refiere el inciso A de esta fracción”, explicó en aquella ocasión la Amedi, cuya solicitud no fue escuchada.
La Amedi sostuvo entonces que, tal como está la redacción de ese documento, las dependencias estatales o entidades de la administración pública a las que se les solicite la información estarán obligadas únicamente a entregar una copia certificada, nunca los originales.
La asociación recordó que Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla le permite al solicitante decidir la modalidad en la que prefiere que le sea entregada la información requerida: mediante copia certificada o copia simple, de manera electrónica o incluso verbalmente.
*FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE
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