martes, 30 de junio de 2015

MODERNIZACION, COMUNICACION Y TRANSPARENCIA PARA LA CODHEY: MIGUEL CASTILLO MARTINEZ

Participar en busca de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado es sin duda un privilegio  y una oportunidad de seguir sirviendo a mi estado desde los organismos autónomos. Considero que tengo cinco razones claras y poderosas para aspirar a dirigir los destinos del organismos encargado por velar por la defensa y conocimiento de los derechos fundamentales:

1.- Porque como profesionista del derecho ser el defensor de los derechos fundamentales es un honor y una magnífica oportunidad de contribuir a la mejora en las relaciones gobierno sociedad.

2.- Porque en mi actuar profesional me he caracterizado por ser un constructor de políticas públicas que han tenido como finalidad mejorar las relaciones que tienen los gobernados con sus gobernantes

3.- Porque en mi experiencia como Consejero y Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, defendí, promoví y potencialicé el derecho humano de acceso a la información pública como una herramienta indispensable para el conocimiento y defensa de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución

4.- Porque aspirar a la alta responsabilidad de dirigir los destinos del organismo garante de los derechos humanos en el estado, implica entre otras cosas, el desarrollo de ideas novedosas que permitan darle un nuevo rostro a la figura del defensor de los derechos humanos.

5- Porque cuento con la experiencia, el conocimiento y las relaciones a nivel nacional e internacional para implementar en nuestro Estado proyectos de vanguardia que nos permitan poner a Yucatán como un Estado modelo en la defensa de los derechos fundamentales.

Para ello, presenté al Congreso del Estado un plan de trabajo con tres vertientes y línea de acción específicas:
1. Modernización de la CODHEY;
2. Fortalecimiento de Redes; y
3. Transparencia y Rendición de Cuentas.
Estas 3 vertientes o ejes, comprenden en total 13 líneas de acción cada una con propuestas específicas.
1.    MODERNIZACIÓN DE LA CODHEY
1.1 Modernización y Actuación
1.1.1Revisión y Actualización de Marco Normativo
1.1.2 Derechos de las víctimas del delito y de violaciones de los derechos humanos:
1.1.3 Igualdad y Perspectiva de Género
1.1.4 Educación
1.1.5  Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario
1.1.6 Violaciones Graves y Negativas e Incumplimientos de la Autoridad. Estableciendo          Criterio
1.1.7 Prevención y Reparación del Daño

1.2 Administrativa
1.2.1 Reorganización institucional
1.2.2 Archivos
1.2.3. Mecanismos que permitan la celeridad y flexibilidad en las actuaciones de la CODHEY
3. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
3.1 Sistema integral de Rendición de Cuenta. Proponemos establecer un Sistema Electrónico que permita darle seguimiento a las recomendaciones para conocer el “estado procesal” en que se encuentran, resguardando en todo tiempo los datos personales que corresponda.
Lo esencial es que la CODHEY se consolide como una institución garante de los derechos humanos; como una instancia del Estado mexicano confiable y creíble; como un órgano autónomo que no recurre a la estridencia ni al disimulo, sino a la persuasión y al convencimiento razonado; que recupere y capitalice su autoridad moral para proteger y defender los derechos humanos y prevenir su violación; como una institución que sea capaz de dialogar con todos los actores políticos y sociales: el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, las organizaciones civiles y, finalmente con todos los ciudadanos con el único objetivo de construir mejores espacios de convivencia social.
La CODHEY no es, no debe ser, un instrumento de aspiraciones políticas ni un adversario del gobierno, sino un contrapeso jurídico y moral para limitar y erradicar los abusos, con el objetivo de contribuir de manera permanente y sostenida con el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia.

martes, 3 de marzo de 2015

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y SU PROCESO INEDITO Lic. Miguel Castillo Martínez

Inédito como lo han calificado algunos, ciertamente extemporáneo, aderezado con filtraciones, dimes, diretes y alguno que otro reclamo por parte de la masa crítica de transparencia, ayer inició un proceso singular de discusión a fin de lograr la aprobación del dictamen que crea la Ley General de Transparencia, reglamentaria de la reforma constitucional aprobada en febrero del dos mil catorce y que es elemento indispensable para iniciar el andamiaje jurídico nacional que homologue el proceso de acceso a la información pública en México.

 El dictamen que fue circulado en diciembre pasado y que contenía elementos que generaban cierta preocupación entre expertos en la materia, se congeló de pronto cuando surgió un rumor, (dicen algunos que soportado en un documento que hasta hoy se desconoce), de que existían ochenta y dos observaciones sobre dicho proyecto emitidas por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

            El asunto fue escalando de manera pública y la presión hacía el Senado y la Consejería Jurídica fue incrementándose, lo que genero que las comisiones encargadas del dictamen, que debía haber sido aprobado el 7 de febrero pasado, abriera un proceso sui generis a fin de terminar con la especulación y escuchar las voces críticas al proyecto de primera mano.

            Es justo reconocer que el proceso para elaboración de la Ley General también ha sido inédito. Trabajaron Senadores con expertos durante varios meses para obtener un producto, que al final, según el dicho de algunos participantes, tuvo algunos cambios importantes que causaron molestia y reclamos posteriores.

            La realidad es que nos encontramos ante un proyecto de dictamen, que era necesario abrir a la discusión a fin de señalar y corregir los detalles que podrían generar retrocesos, escuchar de primera mano a la Consejería Jurídica Federal sobre las supuestas observaciones, conocer la postura de otros nuevos sujetos obligados y sus preocupaciones, y terminar de construir de manera rápida y eficiente esta Ley que resulta indispensable para seguir construyendo el Sistema Nacional de Transparencia.

            Lo que vimos ayer quienes somos parte integral del tema, es a todas luces alentador y sano. Por una parte, el diálogo abierto y sustentado antes de aprobar leyes resulta indispensable para construir normas jurídicas eficaces, y por otro lado, el intercambio entre nuestros representantes, los expertos en la materia y quienes por ley deben cumplir la norma que se propone es sin duda esperanzador.

            Sin embargo no podemos olvidar que estamos ya con un retraso en la aprobación de la ley, que la misma tiene todavía un trámite legislativo y que es la base para la modificación constitucional y legal de normas estatales que afectan la construcción de un sistema nacional de transparencia.

            Por lo pronto, vimos ayer a una consejería jurídica mucho menos ruda de lo que se especulaba, aunque todavía falta terminar de construir los consensos sobre las preocupaciones que tantos expertos como órganos garantes tienen sobre ciertos artículos que podrían constituir retrocesos evidentes y lamentables.

            Es tiempo de ser proactivos y eficaces. El proceso de transparencia que se ha construido en el Senado desde el año pasado y la apertura a discutir con todos antes de tomar decisiones deberá ser la norma de la nueva representación democrática en México.

            Por lo pronto, esperemos un producto mejor después del debate, lo mejor posible dentro de lo deseable y lo más pronto posible para el beneficio de todos.


            Las discusiones terminan hoy, ojalá que sirvan para que el Senado, a la brevedad, presente un dictamen que cumpla con las expectativas de la sociedad.

martes, 10 de febrero de 2015

PLAZO CUMPLIDO Y LA LEY ?

               Hace un año, para ser exactos el 7 de Febrero del 2014, celebrábamos el decreto de reforma constitucional que redimensionó el artículo sexto constitucional y puso las bases sin duda para la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia.

            Ahí, se plasmo claramente una vacatio legis de un año para expedir una ley general que reglamentara adecuadamente la reforma y de inmediato se iniciaron trabajos en diversos frentes para construir la legislación secundaria.

            Desde los grupos organizados de la sociedad civil, en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública que aglutina a los órganos garantes de la transparencia del país, en el IFAI desde su antiguo pleno y continuado en el nuevo pleno nombrado a mediados de Mayo, todos trabajando de la mano con un grupo de senadores comprometidos se ha tomado la tarea con seriedad, eficacia y vanguardia en el tema.

            Sin embargo, vencido el plazo, el producto legislativo que se había venido acordado con todos los actores sigue sin ver la luz. Las versiones públicas de la mayoría de los actores coinciden en que se han tratado de modificar detalles al proyecto que atentan en si mismo contra el espíritu de la reforma, que a todas luces estas modificaciones generarían retrocesos en el derecho de acceso a la información pública y que las mismas han surgido a petición del gobierno federal sin contar con el conceso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
           
            Lo que resulta incuestionable, es que llegamos al plazo fijado por la reforma constitucional sin una ley y no existen hoy plazos claros y definidos para su aprobación en ambas cámaras.

            Preocupa, en medio de tanto escándalo que ha ensuciado la función pública, que no se le de trato prioritario y urgente al único tema que puede servir de puente para reconstruir la credibilidad del servicio público y mejorar su percepción con el ciudadano.

            Preocupa que sigamos inmersos en discusiones partidistas cuando la afectación a la imagen pública no conoce de colores ni partidos y afecta a todos por igual.

            Preocupa que en vísperas de un proceso electoral de suma importancia, en donde se emitirá una opinión electoral sobre el trabajo actual del ejecutivo y la función del congreso y partidos como contrapeso del mismo la transparencia y la rendición de cuentas siga sin ser el verdadero tema que permitirá reconstruir la confianza en México y nuestra credibilidad como sociedad .

            Existen voces de actores principales, que han trabajo con ahínco y responsabilidad, que exhortan a los senadores no solo ha aprobar una ley de vanguardia y sin retrocesos, sino hacerlo a la brevedad en virtud de que el plazo se venció desde el pasado sábado.

            Yo no solo me sumo al exhorto, sino que como miembro de un amplio grupo de expertos en el tema, asumo la responsabilidad de decir que si hemos logrado avances significativos, que han permitido generar una luz de esperanza en que las cosas pueden mejorar, sería lamentable detener el paso y perder el impulso que habíamos conseguido.

            Es el momento para que el poder legislativo, ejerza ese papel de contrapeso político que permita construir una nueva clase política en donde transparentar la información, rendir cuentas y evitar la corrupción, se constituyan en los pilares indispensables del ejercicio público.


            La sociedad lo exige, y el gobierno en el fondo, lo necesita.