Inédito
como lo han calificado algunos, ciertamente extemporáneo, aderezado con
filtraciones, dimes, diretes y alguno que otro reclamo por parte de la masa
crítica de transparencia, ayer inició un proceso singular de discusión a fin de
lograr la aprobación del dictamen que crea la Ley General de Transparencia,
reglamentaria de la reforma constitucional aprobada en febrero del dos mil
catorce y que es elemento indispensable para iniciar el andamiaje jurídico
nacional que homologue el proceso de acceso a la información pública en México.
El dictamen que fue circulado en
diciembre pasado y que contenía elementos que generaban cierta preocupación
entre expertos en la materia, se congeló de pronto cuando surgió un rumor,
(dicen algunos que soportado en un documento que hasta hoy se desconoce), de
que existían ochenta y dos observaciones sobre dicho proyecto emitidas por la
Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
El asunto fue escalando de manera
pública y la presión hacía el Senado y la Consejería Jurídica fue
incrementándose, lo que genero que las comisiones encargadas del dictamen, que
debía haber sido aprobado el 7 de febrero pasado, abriera un proceso sui
generis a fin de terminar con la especulación y escuchar las voces críticas al
proyecto de primera mano.
Es justo reconocer que el proceso
para elaboración de la Ley General también ha sido inédito. Trabajaron
Senadores con expertos durante varios meses para obtener un producto, que al
final, según el dicho de algunos participantes, tuvo algunos cambios
importantes que causaron molestia y reclamos posteriores.
La realidad es que nos encontramos
ante un proyecto de dictamen, que era necesario abrir a la discusión a fin de señalar
y corregir los detalles que podrían generar retrocesos, escuchar de primera
mano a la Consejería Jurídica Federal sobre las supuestas observaciones,
conocer la postura de otros nuevos sujetos obligados y sus preocupaciones, y
terminar de construir de manera rápida y eficiente esta Ley que resulta
indispensable para seguir construyendo el Sistema Nacional de Transparencia.
Lo que vimos ayer quienes somos
parte integral del tema, es a todas luces alentador y sano. Por una parte, el
diálogo abierto y sustentado antes de aprobar leyes resulta indispensable para
construir normas jurídicas eficaces, y por otro lado, el intercambio entre
nuestros representantes, los expertos en la materia y quienes por ley deben
cumplir la norma que se propone es sin duda esperanzador.
Sin embargo no podemos olvidar que
estamos ya con un retraso en la aprobación de la ley, que la misma tiene
todavía un trámite legislativo y que es la base para la modificación
constitucional y legal de normas estatales que afectan la construcción de un
sistema nacional de transparencia.
Por lo pronto, vimos ayer a una
consejería jurídica mucho menos ruda de lo que se especulaba, aunque todavía
falta terminar de construir los consensos sobre las preocupaciones que tantos
expertos como órganos garantes tienen sobre ciertos artículos que podrían
constituir retrocesos evidentes y lamentables.
Es tiempo de ser proactivos y
eficaces. El proceso de transparencia que se ha construido en el Senado desde
el año pasado y la apertura a discutir con todos antes de tomar decisiones
deberá ser la norma de la nueva representación democrática en México.
Por lo pronto, esperemos un producto
mejor después del debate, lo mejor posible dentro de lo deseable y lo más
pronto posible para el beneficio de todos.
Las discusiones terminan hoy, ojalá
que sirvan para que el Senado, a la brevedad, presente un dictamen que cumpla
con las expectativas de la sociedad.
