LA REFORMA QUE AL FIN LLEGÓ AVANCES SIGNIFICATIVOS PARA TRABAJAR EN COMPROMISOS RECÍPROCOS.

Los procesos legislativos en un país de tercios tienden a ser complejos pero requieren ser asertivos. He tratado de entender, haciendo un análisis objetivo lo más apegado posible a la realidad del proceso de Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, misma que ayer al fin fue aprobado por el pleno de la Cámara de los Diputados en su carácter de Cámara Revisora sobre el dictamen aprobado en el Senado de la República en Diciembre pasado. Me preocupaba el fundamentalismo, me preocupaba nuestra enorme capacidad de evidenciar pública y apasionadamente nuestras diferencias y como minimizábamos nuestras coincidencias, pero quizá lo que más me preocupaba es la ligereza con la que propios y extraños hablábamos de los avances como si fueran verdaderos retrocesos. Con esto no quiero decir, de ninguna manera, que me es grato que un dictamen tan vanguardista como el que fue aprobado por el Senado de República en Diciembre pasado sea modificado. Ni tampoco pretendo afirmar que soy emisario de las voces que quieren limitar ciertos aspectos se habían ganado en el Senado y que ahora fueron acotados ligeramente en la Cámara Baja. Lo que trato de destacar es que es momento de comparar el dictamen aprobado por los Diputados con el documento idóneo. El verdadero documento con el que debemos de comparar lo que los Diputados aprobaron ayer debe ser el texto Constitucional vigente. Parecería en principio un contrasentido hacer a un lado en nuestra mente la idea de que la reforma aprobada en Diciembre por los Senadores iba a pasar sin modificación en la Cámara de Diputados, pero si revisamos la propuesta original del Presidente Peña Nieto era de esperarse que ciertos temas fueran retomados y rediscutidos. No deberíamos espantarnos por ello. Toda reforma deseable debe basarse en lo posible. Pensar de distinta manera no resultaría adecuado, pero una reforma constitucional de estas dimensiones, en medio de muchos temas coyunturales, resultaría absurdo pensarla ajenas a las negociaciones políticas de los partidos mayoritarios que conforman el poder en México. Tal vez, por mi formación y mis convicciones personales, es que prefiero ver ante todo el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Y trataré de explicar a que me refiero de una manera clara y sencilla. Hoy, y es nuestra realidad, no contamos con un sistema nacional de transparencia. Tenemos órganos garantes de transparencia en todo el país y un órgano nacional pero con una diversidad de leyes, capacidades institucionales y criterios tan distintos como el derecho de acceso mismo. Quienes desde las ONG´S han pugnado por un verdadero sistema de acceso a la información pública podrán suscribir lo que aquí digo tal vez con matices diferentes. Leyendo el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, encuentro un sin número de coincidencias con respecto a lo aprobado por el Senado: 1.- Coinciden que el organismo garante de acceso a la información pública debe ser autónomo, especializado y colegiado. Esto es mucho más de lo que tenemos actualmente. 2.- Coinciden quienes deben ser los sujetos obligados y los señalan expresamente. Existe una ampliación de las facultades del IFAI a otros sujetos obligados del ámbito federal. Se incluyen como sujetos obligados directos los partidos políticos y los fondos y fideicomisos públicos. 3.- Coinciden en que los procesos de revisión sobre procedimientos de acceso a la información pública deben ser ante organismos autónomos. La autonomía supone en sí misma especialidad e imparcialidad, entenderse de manera diferente sería contraría al espíritu de la propia constitución. 4.-Coinciden en que debe haber órganos autónomos especializados y colegiados tanto a nivel federal como en las entidades federativas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley. 5.- Coinciden en que debe haber una ley general a la que deberán adecuarse las leyes estatales 6.- Coinciden en que los únicos asuntos de los que no conocerá el IFAI son los asuntos jurisdiccionales respecto de la SCJN. 7.- Coinciden en la necesidad de dotar de una facultad de atracción al IFAI de oficio o a petición de los órganos garantes estatales. 8.- Coinciden en el número de comisionados, proceso de selección y nombramiento de los mismos, en donde serán nombrados por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República, durarán siete años sin derecho a reelección y durante su encargo no podrán tener otro empleo o comisión salvo las estipuladas en el proyecto. 9.- Coinciden en que el comisionado presidente debe ser nombrado por los propios comisionados y durará tres años con la posibilidad de ser reelecto por un período igual. 10.- Coinciden en que el órgano federal podrá interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Hay algunas otras más, sin embargo lo que pretendo destacar es que todas estas coincidencias son sin duda avances indiscutibles en la materia. La diferencia más destaca aprobada y distinta al dictamen del Senado, pero que estaba incluida en la propuesta presidencial es la posibilidad de que el Consejero Jurídico del Gobierno Federal pueda interponer un recurso extraordinario cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Este recuento de coincidencias y diferencias, independientemente de los distintos estilos de redacción, nos ponen sobre relieve que hay muchos avances y que los puntos en discordia durante la discusión fueron resueltos quedando únicamente el tema del recurso extraordinario como la única modificación realmente de fondo del dictamen. La definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante de ninguna manera puede estar reñidas ni ajenas a los controles constitucionales democráticas. Desde la propuesta inicial del Presidente Peña se establecía esta facultad que hoy pretende retomarse de un recurso extraordinario en condiciones específicas. He escuchado voces, que cuestionan con cierta razón ese empeño que tenemos los organismos de transparencia de no ser revisados y ser ajenos a un control constitucional que hemos construido con mucho esfuerzo. Si bien somos garantes de un derecho fundamental que el órgano garante federal sea revisado en condiciones extraordinarias por la corte genera certeza jurídica y lo valida ante los sujetos obligados. Coincido en que existe el riesgo de que este recurso se use como una herramienta para evitar la entrega de información, pero también es sano seguir construyendo equidad procesal y certeza jurídica a todos los actores que participan en el proceso de acceso a la información pública. Debemos confiar en el sistema de equilibrio de poderes y no aspirar a seguir construyendo órganos que pretendan estar por encima de otros. Insisto, no pretendo, con este análisis, conformarme con la reforma aprobada, pero sí pretendo dejar en claro que desde mi óptica no puedo dejar de ver los enormes avances que la misma significan en la construcción de un sistema nacional de transparencia. Hemos, por momentos, jugado un juego del todo o nada. Esa apuesta no solamente resulta peligrosa sino ajena a la realidad nacional. Nuestra conformación política nos exige a todos ponernos de acuerdo en lo esencial y seguir discutiendo las particularidades. La ley general, serán un marco perfecto para acotar en los detalles los peligros que divisamos de la propia reforma. Las diferentes visiones que han tenido las cámaras durante el proceso tenemos que analizarlas con apertura, generosidad e integridad. Como una manera natural de hacer política y rescatar la discusión respetuosa y el debate informado. No debemos perder la objetividad y en un ejercicio de sinceridad, reconocer que hoy con la participación de todos, hemos avanzado definitivamente en el tema de la transparencia.