LA REFORMA QUE AL FIN LLEGÓ AVANCES SIGNIFICATIVOS PARA TRABAJAR EN COMPROMISOS RECÍPROCOS.

Los procesos legislativos en un país de tercios tienden a ser complejos pero requieren ser asertivos. He tratado de entender, haciendo un análisis objetivo lo más apegado posible a la realidad del proceso de Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, misma que ayer al fin fue aprobado por el pleno de la Cámara de los Diputados en su carácter de Cámara Revisora sobre el dictamen aprobado en el Senado de la República en Diciembre pasado. Me preocupaba el fundamentalismo, me preocupaba nuestra enorme capacidad de evidenciar pública y apasionadamente nuestras diferencias y como minimizábamos nuestras coincidencias, pero quizá lo que más me preocupaba es la ligereza con la que propios y extraños hablábamos de los avances como si fueran verdaderos retrocesos. Con esto no quiero decir, de ninguna manera, que me es grato que un dictamen tan vanguardista como el que fue aprobado por el Senado de República en Diciembre pasado sea modificado. Ni tampoco pretendo afirmar que soy emisario de las voces que quieren limitar ciertos aspectos se habían ganado en el Senado y que ahora fueron acotados ligeramente en la Cámara Baja. Lo que trato de destacar es que es momento de comparar el dictamen aprobado por los Diputados con el documento idóneo. El verdadero documento con el que debemos de comparar lo que los Diputados aprobaron ayer debe ser el texto Constitucional vigente. Parecería en principio un contrasentido hacer a un lado en nuestra mente la idea de que la reforma aprobada en Diciembre por los Senadores iba a pasar sin modificación en la Cámara de Diputados, pero si revisamos la propuesta original del Presidente Peña Nieto era de esperarse que ciertos temas fueran retomados y rediscutidos. No deberíamos espantarnos por ello. Toda reforma deseable debe basarse en lo posible. Pensar de distinta manera no resultaría adecuado, pero una reforma constitucional de estas dimensiones, en medio de muchos temas coyunturales, resultaría absurdo pensarla ajenas a las negociaciones políticas de los partidos mayoritarios que conforman el poder en México. Tal vez, por mi formación y mis convicciones personales, es que prefiero ver ante todo el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Y trataré de explicar a que me refiero de una manera clara y sencilla. Hoy, y es nuestra realidad, no contamos con un sistema nacional de transparencia. Tenemos órganos garantes de transparencia en todo el país y un órgano nacional pero con una diversidad de leyes, capacidades institucionales y criterios tan distintos como el derecho de acceso mismo. Quienes desde las ONG´S han pugnado por un verdadero sistema de acceso a la información pública podrán suscribir lo que aquí digo tal vez con matices diferentes. Leyendo el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, encuentro un sin número de coincidencias con respecto a lo aprobado por el Senado: 1.- Coinciden que el organismo garante de acceso a la información pública debe ser autónomo, especializado y colegiado. Esto es mucho más de lo que tenemos actualmente. 2.- Coinciden quienes deben ser los sujetos obligados y los señalan expresamente. Existe una ampliación de las facultades del IFAI a otros sujetos obligados del ámbito federal. Se incluyen como sujetos obligados directos los partidos políticos y los fondos y fideicomisos públicos. 3.- Coinciden en que los procesos de revisión sobre procedimientos de acceso a la información pública deben ser ante organismos autónomos. La autonomía supone en sí misma especialidad e imparcialidad, entenderse de manera diferente sería contraría al espíritu de la propia constitución. 4.-Coinciden en que debe haber órganos autónomos especializados y colegiados tanto a nivel federal como en las entidades federativas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley. 5.- Coinciden en que debe haber una ley general a la que deberán adecuarse las leyes estatales 6.- Coinciden en que los únicos asuntos de los que no conocerá el IFAI son los asuntos jurisdiccionales respecto de la SCJN. 7.- Coinciden en la necesidad de dotar de una facultad de atracción al IFAI de oficio o a petición de los órganos garantes estatales. 8.- Coinciden en el número de comisionados, proceso de selección y nombramiento de los mismos, en donde serán nombrados por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República, durarán siete años sin derecho a reelección y durante su encargo no podrán tener otro empleo o comisión salvo las estipuladas en el proyecto. 9.- Coinciden en que el comisionado presidente debe ser nombrado por los propios comisionados y durará tres años con la posibilidad de ser reelecto por un período igual. 10.- Coinciden en que el órgano federal podrá interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Hay algunas otras más, sin embargo lo que pretendo destacar es que todas estas coincidencias son sin duda avances indiscutibles en la materia. La diferencia más destaca aprobada y distinta al dictamen del Senado, pero que estaba incluida en la propuesta presidencial es la posibilidad de que el Consejero Jurídico del Gobierno Federal pueda interponer un recurso extraordinario cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Este recuento de coincidencias y diferencias, independientemente de los distintos estilos de redacción, nos ponen sobre relieve que hay muchos avances y que los puntos en discordia durante la discusión fueron resueltos quedando únicamente el tema del recurso extraordinario como la única modificación realmente de fondo del dictamen. La definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante de ninguna manera puede estar reñidas ni ajenas a los controles constitucionales democráticas. Desde la propuesta inicial del Presidente Peña se establecía esta facultad que hoy pretende retomarse de un recurso extraordinario en condiciones específicas. He escuchado voces, que cuestionan con cierta razón ese empeño que tenemos los organismos de transparencia de no ser revisados y ser ajenos a un control constitucional que hemos construido con mucho esfuerzo. Si bien somos garantes de un derecho fundamental que el órgano garante federal sea revisado en condiciones extraordinarias por la corte genera certeza jurídica y lo valida ante los sujetos obligados. Coincido en que existe el riesgo de que este recurso se use como una herramienta para evitar la entrega de información, pero también es sano seguir construyendo equidad procesal y certeza jurídica a todos los actores que participan en el proceso de acceso a la información pública. Debemos confiar en el sistema de equilibrio de poderes y no aspirar a seguir construyendo órganos que pretendan estar por encima de otros. Insisto, no pretendo, con este análisis, conformarme con la reforma aprobada, pero sí pretendo dejar en claro que desde mi óptica no puedo dejar de ver los enormes avances que la misma significan en la construcción de un sistema nacional de transparencia. Hemos, por momentos, jugado un juego del todo o nada. Esa apuesta no solamente resulta peligrosa sino ajena a la realidad nacional. Nuestra conformación política nos exige a todos ponernos de acuerdo en lo esencial y seguir discutiendo las particularidades. La ley general, serán un marco perfecto para acotar en los detalles los peligros que divisamos de la propia reforma. Las diferentes visiones que han tenido las cámaras durante el proceso tenemos que analizarlas con apertura, generosidad e integridad. Como una manera natural de hacer política y rescatar la discusión respetuosa y el debate informado. No debemos perder la objetividad y en un ejercicio de sinceridad, reconocer que hoy con la participación de todos, hemos avanzado definitivamente en el tema de la transparencia.

EL GRAN RETO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

En medio de la vorágine que genera una revisión integral del sistema nacional de transparencia, me parece sin duda que es, el momento oportuno, para establecer un diálogo distinto, y tal vez novedoso respecto al tema. Durante diez años, nuestro país, con gran responsabilidad y no ajeno a ciertas reticencias, ha ido construyendo un robusto sistema de acceso a la información pública, cuya finalidad es, principalmente, garantizar un derecho fundamental que tenemos todos. Desde que la necesidad de generar confianza trajo consigo la transición política del año 2000, pasando por la oportuna reforma constitucional del 2007 y con la contribución de estados, legislaturas estatales y poderes públicos, hemos ido, poco a poco, estableciendo de manera formal y dinámica un sistema que ha traído indudables beneficios en nuestros sistema democrático. Escatimar eso, ponerlo siquiera en duda e incluso caer en la crítica fácil resulta inadecuado y poco generoso para quienes con su empeño, trabajo y sensibilidad pretender generar cambios importantes en nuestra convivencia social. Sin embargo, a la luz de una necesaria reforma que viene acompañada del décimo aniversario de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia, la discusión se centra en dos escenarios cuyos enfoques se han tratado de una manera dispar: la visión federal versus la visión estatal. Quienes conocemos de cerca, la construcción de los institutos estatales de acceso, la promulgación de las leyes y el funcionamiento del derecho en las entidades federativas tenemos la obligación de reconocer la enorme influencia federal que dio lugar, desde el punto de vista de conveniencia política, para que el tema pudiera transitar y volverse parte de nuestra incipiente democracia participativa. Sin embargo, con esa misma generosidad, debería existir un amplio reconocimiento a la lucha que desde los estados se ha librado para fortalecer el tema en todo el país. Para nadie versado en el tema, resultaría novedoso saber, que muchas de las leyes estatales, e incluso el funcionamiento de muchos de los órganos garantes del acceso a la información pública en los estados, es mejor, de mayor avanzada y con mayores capacidades institucionales que el órgano federal. El IFAI, que sin duda cuenta con un respeto y reconocimiento merecido por su labor, ha sido sin embargo, y aún después de la reforma del 2007, un órgano acotado, sin capacidades institucionales para hacer valer sus resoluciones y circunscrito únicamente al ejecutivo federal, no obstante que en los estados, el alcance de los institutos garantes se extiende a los poderes judicial y legislativo, a los organismos estatales autónomos e incluso, en algunos casos, en forma directa a los partidos políticos. Es evidente que, con todo y las resistencias estatales derivadas de las peculiares condiciones políticas que en cada caso existen, y no obstante las críticas generalizadas, el avance que se da en las 32 entidades federativas es muy importante y ha servido de base para generar la discusión que en estos momentos se libra, y que tendrá como resultado evidente el fortalecimiento del IFAI, su ampliación de facultades y todo apunta a que se constituirá en una segunda instancia para favorecer el ejercicio ciudadano de acceso a la información. Si esto ha sido así, ¿ porque la discusión de una reforma tan transcendente se sigue manejando en forma centralizada sin incluir, de manera formal y activa a quienes desde los estados han construido el tema ? La respuesta es simple y al mismo tiempo compleja. Y es que el precio de vivir en un país en donde la capital sigue siendo el centro neurálgico de la vida pública muchas veces impide ver y darle la verdadera dimensión a los alcances y avances que se generan en los estados y su impacto en la vida federal. Ejemplos sobre el tema hay muchos, y reparar en ello sería intrascendente, ya que lo verdaderamente toral, en este caso, es respondernos como hemos y debemos construir un sistema nacional de transparencia que traiga como consecuencia que los ciudadanos vigilen activamente las acciones de sus gobernantes y todo ello sirva para tomar decisiones electorales informadas. Mi experiencia personal sobre el tema, me dice, que debemos de acumular las mejores experiencias sobre el tema sin darle un valor mayor a lo federal sobre lo estatal. Debemos de contrastar los resultados dependiendo de su complejidad, condiciones políticas, condiciones sociales y recursos asignados para el efecto. Y por último, debemos de tener claro que un derecho fundamental debe de garantizarse de manera sencilla, expedita y dejando pocos recursos legales para evadir esta obligación. Al revisar la propuesta presentada por el Presidente Peña Nieto, cuando aún era Presidente Electo a la fracción de su partido en el Senado, y que ha hecho suya, se percibe de inmediato que el diagnóstico es correcto, pero también se vuelve evidente que urge homologar el ejercicio del derecho y su garantía debe traducirse en iguales derechos para todos no importando cual de los niveles de gobierno sean sometidos al escrutinio. De inmediato, la crítica a la conformación de los órganos se vuelve parte preponderante del debate público. Se vuelve el pretexto porque según los entendidos es lo que legitima al órgano, sin reparar, que el principal elemento legitimador es el ejercicio de la función y un correcto, preciso y claro catálogo de responsabilidades a las que deberá responder quién tenga el honor, la preparación y el perfil de ocupar y desempeñar tan digno cargo. De inmediato también, y como resultado de nuestra visión centralista, surge la tentación de condenar veladamente a los institutos estatales por el hecho de incluir en la propuesta que sus resoluciones sean revisadas por un organismo federal, el IFAI fortalecido en este caso. Aquí vale la pena analizar el fondo de la propuesta, y dejar a un lado la perspectiva fácil que en realidad nos lleva a la respuesta incorrecta. Un derecho fundamental, como ya se ha mencionado, debe ser garantizado de manera fácil, sin necesidad de asistencia jurídica y con prontitud, y es que de otra manera, poco contribuiríamos a la credibilidad que sobre los derechos fundamentales y su garantía deber tener todo ciudadano. No obstante que un porcentaje mayor al 90% en términos generales de las resoluciones de los órganos garantes del país son a favor del ciudadano, es decir, pronunciándose por la apertura y entrega de información, la realidad es que ante la negativa, la única manera de sacar del ámbito estatal una resolución especializada era, para todo ciudadano, el amparo, una institución, que vale la pena decirlo, se ha convertido en un laberinto jurídico cada día más complejo y técnico y para el que se requiere indudablemente la asesoría de un abogado. Nuestra cultura sospechisista, citando a un conocido político mexicano, nos lleva irremediablemente siempre al marco de la duda que envuelve la verdadera autonomía de los órganos locales de transparencia frente a los poderes locales mayoritarios. La realidad nos demuestra que esto no es totalmente cierto, pero tampoco evidentemente falso. Tratándose de un derecho fundamental, en donde el verdadero interés ciudadano y el compromiso público es conocer la información, cualquier esfuerzo por eliminar la sospecha y evitando al mismo tiempo la complicación del ejercicio del mismo tiene que ser vista con buenos ojos. De ahí, que una segunda instancia fuera del ámbito local, pero conocida por un organismo especializado con la misma naturaleza, origen y fin, sin duda debe redundar en un beneficio social. Soy un convencido, y lo que he dicho con claridad y responsabilidad, que judicializar el derecho de acceso a la información pública sería el peor error. Los derechos fundamentales deben, y lo reitero, ser ejercidos en forma simple, y garantizados en forma expedita. Nuestro sistema jurídico tradicional, y lo digo como autocrítica y un área de oportunidad, no ha demostrado que pueda cumplir con las dos premisas. Es por ello, que la segunda instancia tiene que ser bien vista porque tiene como finalidad facilitarle al ciudadano el ejercicio de un derecho. A los órganos garantes, además, les abre una enorme área de oportunidad, que comienza con la profesionalización de sus áreas legales que resuelven los recursos presentados por los ciudadanos, les permite quedarse a un lado de las presiones del poder público porque al final, habrá una instancia fuera de la injerencia estatal que revisará las resoluciones, y traerá en cascada criterios nacionales que tendrán que se cumplidos y utilizados por todos de manera uniforme. Sin duda mejoraremos el ejercicio del derecho a favor del ciudadano. Pero un elemento esencial que no parece no formar parte de la discusión y es en si mismo fundamental para el diseño institucional de nuestro sistema nacional de transparencia se reduce en pregunta simples: ¿ Cual debe ser el papel que deben jugar los comisionados de transparencia dentro de los órganos ? ¿ Debe su papel limitarse a ser simples resolutores o habrán de promover y gestionar una mejora en la gestión pública como resultado del acceso a la información ? ¿ Cual debe ser el perfil y como deben ser evaluados en el encargo ? Cuando en el centro de la discusión entre las fuerzas políticas el proceso del nombramiento de los comisionados se vuelven un asunto toral, las tres preguntas formuladas tienen que contener respuestas claras. Soy muy claro cuando afirmo que quienes hemos tenido el privilegio en los estados de ejercer la función contamos con las respuestas y mucho podemos aportar con ellas. Los comisionados o consejeros de transparencia deben ser mucho más que resolutores, tienen la obligación y el deber de construir una nueva relación entre gobierno y sociedad utilizando la herramienta de la información pública como una fuente de credibilidad y análisis de la función de gobierno. Somos y debemos constituirnos como puentes eficientes que unan a los ciudadanos con el gobierno, para que los primeros recuperen la confianza en sus instituciones y las personas que la ejercen y los segundos re prestigien dicha función mediante la mejora continua de la función derivada de la observación ciudadana. Los perfiles sociales, con alta dosis de capacidad negociadora, proactiva, unificadora, integradora, de alta responsabilidad y de honorabilidad manifiesta no están circunscritos a carreras profesionales específicas, aunque sin duda conocimientos legales, de administración pública, de recursos humanos son indispensables para cumplir con eficacia la función. Pero sin duda, el principal elemento para garantizar la independencia necesaria se encuentra en un claro procedimiento de evaluación que se base en el punto principal de la garantía ciudadana: Contar con información pública de calidad, oportuna, de fácil acceso, que sirva para tomar decisiones informadas, y que nos permita conocer como y porque se toman las decisiones que involucran recursos públicos. Durante mas de una década, nuestras instituciones han preparado de una manera empírica pero profesional, a hombres y mujeres que han asumido el acceso a la información pública como el nuevo motor que permitirá el avance de nuestra democracia. A lo largo y ancho del país, y en medio de la rica diversidad de nuestro país, hemos avanzado con firmeza en la construcción de un sistema que nos permite tener de manera seria una discusión que debe ser nacional y no federal. Hacer del IFAI un organismo nacional, implica enriquecerlo con las visiones locales, nutrirse de las experiencias estatales aprovechando las condiciones que desde la federación parecen tener un rumbo definido y decidido. Hago votos porque la reforma constitucional no se quede en una gran reforma legal, sino se convierta en una gran revolución conceptual. Hacer del IFAI la instancia nacional de transparencia por excelencia implica un rediseño de misiones y un enriquecimiento de visiones. El gran capital humano, la gran masa crítica que existe en el tema, deberá participar activamente para construir a partir de una reforma de gran alcance un sistema nacional robusto y simple, nacional en su conformación e integral en su aplicación. El ciudadano exige buena información, accesible, oportuna, entendible y útil. No parece muy difícil cumplirles. La clase política, esa que parece reencontrar el rumbo, tiene la palabra.