He tratado de ser un
observador paciente y dejar a un lado mi punto de vista personal sobre lo que
sucedió en el IFAI el pasado miércoles. La razón es porque de inmediato preferí
escuchar y leer sobre las diversas opiniones de expertos, académicos, políticos,
analistas de medios y de la sociedad en general en torno al tema.
Mi análisis y conclusión, de
las que tal vez intuía de antemano el resultado, confirmó y revivió una antigua
preocupación que he venido manifestando en muchos foros públicos y que sobre lo
que incluso he escrito: “si convertimos al acceso a la
información y a la protección de datos personales en un tema netamente
jurisdiccional lo vamos a terminar por perder”
Y es que un derecho
fundamental debe garantizarse y no solamente defenderse. Afirma Ferrajoli: “Las garantías no son otra cosa que las
técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural
entre normatividad y efectividad”. Por ello los órganos garantes deben
“posibilitar la máxima eficacia” del derecho fundamental de acceso a la
información y la protección de datos personales.
Bajo esa premisa, resulta
relevante y preocupante, que tanta lucha por lograr el otorgamiento constitucional
de la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad al órgano
garante federal se haya convertido en una discusión técnica y jurisdiccional,
en una batalla de interpretaciones que considero corresponden al ámbito de la
corte y hayan obviado la obligada discusión garantista sobre la necesidad de
atender una legítima preocupación ciudadana en torno a la protección de un
derecho fundamental reconocido en la constitución.
Respeto las opiniones de
los comisionados del IFAI, a los que incluso conozco en su mayoría y a quienes considero
expertos en el tema que nos ocupa, pero no puedo dejar de afirmar que al amparo
de argumentos interpretativos, la mayoría imperante perdió una enorme
oportunidad de mostrar el verdadero rumbo de una institución que debe ser
garantista por naturaleza y representante de la voz de la sociedad por
necesidad.
Me causa cierta frustración
escuchar reiteradamente que el IFAI por el que tanto luchamos por construir,
hoy este en la opinión pública como el organismo que nos dejó insatisfechos,
generando toda clase de dudas y polémicas que en nada ayudan a los fines reales
que persigue y que por mandato constitucional debe garantizar.
Prefiero pensar que
continúa el debate al interior sobre la verdadera naturaleza que debe imperar
en el órgano garante federal y que la discusión que se ha desatado por la
resolución dividida en torno a la facultad constitucional, abrirá la puerta
para que cada uno de los comisionados revise a fondo su actuación y posición
respecto a un justo reclamo de la sociedad mexicana que no puede ser tratada
como una simple opinión, sino como una justa y legitima preocupación.
Los órganos garantes tiene
una enorme misión que cumplir, ser puentes eficientes entre la sociedad y el
gobierno en la construcción de una nueva y mejor relación entre gobernantes y
gobernados. Para ello, deben hacer uso de todas las facultades que le otorgan
nuestra carta magna y actuar ante la duda porque para la certeza interpretativa
nuestro sistema jurídico cuenta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿ Que perdía el IFAI
presentando la acción de inconstitucionalidad ? Estoy cierto que nada, pero no
haberla presentado, me queda claro, a la luz de la evidencia social, acarreará
un costo público que pudo haberse evitado y revivió una vez más la discusión
sobre la ineficacia de los órganos autónomos en México.
Garantizar no es
interpretar, es ser sensibles, abiertos y poner a disposición de los ciudadanos
las herramientas para abrir la discusión. No hacerlo es fallar, como disentir,
me parece, es un ejercicio que aporta al debate y la construcción del nuevo
sistema de derechos fundamentales que merecemos todos los mexicanos.
