Hace
un año, para ser exactos el 7 de Febrero del 2014, celebrábamos el decreto de
reforma constitucional que redimensionó el artículo sexto constitucional y puso
las bases sin duda para la construcción de un Sistema Nacional de
Transparencia.
Ahí, se plasmo claramente una
vacatio legis de un año para expedir una ley general que reglamentara
adecuadamente la reforma y de inmediato se iniciaron trabajos en diversos
frentes para construir la legislación secundaria.
Desde los grupos organizados de la
sociedad civil, en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información
Pública que aglutina a los órganos garantes de la transparencia del país, en el
IFAI desde su antiguo pleno y continuado en el nuevo pleno nombrado a mediados
de Mayo, todos trabajando de la mano con un grupo de senadores comprometidos se
ha tomado la tarea con seriedad, eficacia y vanguardia en el tema.
Sin embargo, vencido el plazo, el
producto legislativo que se había venido acordado con todos los actores sigue
sin ver la luz. Las versiones públicas de la mayoría de los actores coinciden
en que se han tratado de modificar detalles al proyecto que atentan en si mismo
contra el espíritu de la reforma, que a todas luces estas modificaciones
generarían retrocesos en el derecho de acceso a la información pública y que
las mismas han surgido a petición del gobierno federal sin contar con el
conceso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Lo que resulta incuestionable, es
que llegamos al plazo fijado por la reforma constitucional sin una ley y no
existen hoy plazos claros y definidos para su aprobación en ambas cámaras.
Preocupa, en medio de tanto
escándalo que ha ensuciado la función pública, que no se le de trato
prioritario y urgente al único tema que puede servir de puente para reconstruir
la credibilidad del servicio público y mejorar su percepción con el ciudadano.
Preocupa que sigamos inmersos en
discusiones partidistas cuando la afectación a la imagen pública no conoce de
colores ni partidos y afecta a todos por igual.
Preocupa que en vísperas de un
proceso electoral de suma importancia, en donde se emitirá una opinión
electoral sobre el trabajo actual del ejecutivo y la función del congreso y
partidos como contrapeso del mismo la transparencia y la rendición de cuentas
siga sin ser el verdadero tema que permitirá reconstruir la confianza en México
y nuestra credibilidad como sociedad .
Existen voces de actores
principales, que han trabajo con ahínco y responsabilidad, que exhortan a los
senadores no solo ha aprobar una ley de vanguardia y sin retrocesos, sino
hacerlo a la brevedad en virtud de que el plazo se venció desde el pasado
sábado.
Yo no solo me sumo al exhorto, sino
que como miembro de un amplio grupo de expertos en el tema, asumo la
responsabilidad de decir que si hemos logrado avances significativos, que han
permitido generar una luz de esperanza en que las cosas pueden mejorar, sería
lamentable detener el paso y perder el impulso que habíamos conseguido.
Es el momento para que el poder
legislativo, ejerza ese papel de contrapeso político que permita construir una
nueva clase política en donde transparentar la información, rendir cuentas y
evitar la corrupción, se constituyan en los pilares indispensables del
ejercicio público.
La sociedad lo exige, y el gobierno
en el fondo, lo necesita.
