EL GRAN RETO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

En medio de la vorágine que genera una revisión integral del sistema nacional de transparencia, me parece sin duda que es, el momento oportuno, para establecer un diálogo distinto, y tal vez novedoso respecto al tema. Durante diez años, nuestro país, con gran responsabilidad y no ajeno a ciertas reticencias, ha ido construyendo un robusto sistema de acceso a la información pública, cuya finalidad es, principalmente, garantizar un derecho fundamental que tenemos todos. Desde que la necesidad de generar confianza trajo consigo la transición política del año 2000, pasando por la oportuna reforma constitucional del 2007 y con la contribución de estados, legislaturas estatales y poderes públicos, hemos ido, poco a poco, estableciendo de manera formal y dinámica un sistema que ha traído indudables beneficios en nuestros sistema democrático. Escatimar eso, ponerlo siquiera en duda e incluso caer en la crítica fácil resulta inadecuado y poco generoso para quienes con su empeño, trabajo y sensibilidad pretender generar cambios importantes en nuestra convivencia social. Sin embargo, a la luz de una necesaria reforma que viene acompañada del décimo aniversario de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia, la discusión se centra en dos escenarios cuyos enfoques se han tratado de una manera dispar: la visión federal versus la visión estatal. Quienes conocemos de cerca, la construcción de los institutos estatales de acceso, la promulgación de las leyes y el funcionamiento del derecho en las entidades federativas tenemos la obligación de reconocer la enorme influencia federal que dio lugar, desde el punto de vista de conveniencia política, para que el tema pudiera transitar y volverse parte de nuestra incipiente democracia participativa. Sin embargo, con esa misma generosidad, debería existir un amplio reconocimiento a la lucha que desde los estados se ha librado para fortalecer el tema en todo el país. Para nadie versado en el tema, resultaría novedoso saber, que muchas de las leyes estatales, e incluso el funcionamiento de muchos de los órganos garantes del acceso a la información pública en los estados, es mejor, de mayor avanzada y con mayores capacidades institucionales que el órgano federal. El IFAI, que sin duda cuenta con un respeto y reconocimiento merecido por su labor, ha sido sin embargo, y aún después de la reforma del 2007, un órgano acotado, sin capacidades institucionales para hacer valer sus resoluciones y circunscrito únicamente al ejecutivo federal, no obstante que en los estados, el alcance de los institutos garantes se extiende a los poderes judicial y legislativo, a los organismos estatales autónomos e incluso, en algunos casos, en forma directa a los partidos políticos. Es evidente que, con todo y las resistencias estatales derivadas de las peculiares condiciones políticas que en cada caso existen, y no obstante las críticas generalizadas, el avance que se da en las 32 entidades federativas es muy importante y ha servido de base para generar la discusión que en estos momentos se libra, y que tendrá como resultado evidente el fortalecimiento del IFAI, su ampliación de facultades y todo apunta a que se constituirá en una segunda instancia para favorecer el ejercicio ciudadano de acceso a la información. Si esto ha sido así, ¿ porque la discusión de una reforma tan transcendente se sigue manejando en forma centralizada sin incluir, de manera formal y activa a quienes desde los estados han construido el tema ? La respuesta es simple y al mismo tiempo compleja. Y es que el precio de vivir en un país en donde la capital sigue siendo el centro neurálgico de la vida pública muchas veces impide ver y darle la verdadera dimensión a los alcances y avances que se generan en los estados y su impacto en la vida federal. Ejemplos sobre el tema hay muchos, y reparar en ello sería intrascendente, ya que lo verdaderamente toral, en este caso, es respondernos como hemos y debemos construir un sistema nacional de transparencia que traiga como consecuencia que los ciudadanos vigilen activamente las acciones de sus gobernantes y todo ello sirva para tomar decisiones electorales informadas. Mi experiencia personal sobre el tema, me dice, que debemos de acumular las mejores experiencias sobre el tema sin darle un valor mayor a lo federal sobre lo estatal. Debemos de contrastar los resultados dependiendo de su complejidad, condiciones políticas, condiciones sociales y recursos asignados para el efecto. Y por último, debemos de tener claro que un derecho fundamental debe de garantizarse de manera sencilla, expedita y dejando pocos recursos legales para evadir esta obligación. Al revisar la propuesta presentada por el Presidente Peña Nieto, cuando aún era Presidente Electo a la fracción de su partido en el Senado, y que ha hecho suya, se percibe de inmediato que el diagnóstico es correcto, pero también se vuelve evidente que urge homologar el ejercicio del derecho y su garantía debe traducirse en iguales derechos para todos no importando cual de los niveles de gobierno sean sometidos al escrutinio. De inmediato, la crítica a la conformación de los órganos se vuelve parte preponderante del debate público. Se vuelve el pretexto porque según los entendidos es lo que legitima al órgano, sin reparar, que el principal elemento legitimador es el ejercicio de la función y un correcto, preciso y claro catálogo de responsabilidades a las que deberá responder quién tenga el honor, la preparación y el perfil de ocupar y desempeñar tan digno cargo. De inmediato también, y como resultado de nuestra visión centralista, surge la tentación de condenar veladamente a los institutos estatales por el hecho de incluir en la propuesta que sus resoluciones sean revisadas por un organismo federal, el IFAI fortalecido en este caso. Aquí vale la pena analizar el fondo de la propuesta, y dejar a un lado la perspectiva fácil que en realidad nos lleva a la respuesta incorrecta. Un derecho fundamental, como ya se ha mencionado, debe ser garantizado de manera fácil, sin necesidad de asistencia jurídica y con prontitud, y es que de otra manera, poco contribuiríamos a la credibilidad que sobre los derechos fundamentales y su garantía deber tener todo ciudadano. No obstante que un porcentaje mayor al 90% en términos generales de las resoluciones de los órganos garantes del país son a favor del ciudadano, es decir, pronunciándose por la apertura y entrega de información, la realidad es que ante la negativa, la única manera de sacar del ámbito estatal una resolución especializada era, para todo ciudadano, el amparo, una institución, que vale la pena decirlo, se ha convertido en un laberinto jurídico cada día más complejo y técnico y para el que se requiere indudablemente la asesoría de un abogado. Nuestra cultura sospechisista, citando a un conocido político mexicano, nos lleva irremediablemente siempre al marco de la duda que envuelve la verdadera autonomía de los órganos locales de transparencia frente a los poderes locales mayoritarios. La realidad nos demuestra que esto no es totalmente cierto, pero tampoco evidentemente falso. Tratándose de un derecho fundamental, en donde el verdadero interés ciudadano y el compromiso público es conocer la información, cualquier esfuerzo por eliminar la sospecha y evitando al mismo tiempo la complicación del ejercicio del mismo tiene que ser vista con buenos ojos. De ahí, que una segunda instancia fuera del ámbito local, pero conocida por un organismo especializado con la misma naturaleza, origen y fin, sin duda debe redundar en un beneficio social. Soy un convencido, y lo que he dicho con claridad y responsabilidad, que judicializar el derecho de acceso a la información pública sería el peor error. Los derechos fundamentales deben, y lo reitero, ser ejercidos en forma simple, y garantizados en forma expedita. Nuestro sistema jurídico tradicional, y lo digo como autocrítica y un área de oportunidad, no ha demostrado que pueda cumplir con las dos premisas. Es por ello, que la segunda instancia tiene que ser bien vista porque tiene como finalidad facilitarle al ciudadano el ejercicio de un derecho. A los órganos garantes, además, les abre una enorme área de oportunidad, que comienza con la profesionalización de sus áreas legales que resuelven los recursos presentados por los ciudadanos, les permite quedarse a un lado de las presiones del poder público porque al final, habrá una instancia fuera de la injerencia estatal que revisará las resoluciones, y traerá en cascada criterios nacionales que tendrán que se cumplidos y utilizados por todos de manera uniforme. Sin duda mejoraremos el ejercicio del derecho a favor del ciudadano. Pero un elemento esencial que no parece no formar parte de la discusión y es en si mismo fundamental para el diseño institucional de nuestro sistema nacional de transparencia se reduce en pregunta simples: ¿ Cual debe ser el papel que deben jugar los comisionados de transparencia dentro de los órganos ? ¿ Debe su papel limitarse a ser simples resolutores o habrán de promover y gestionar una mejora en la gestión pública como resultado del acceso a la información ? ¿ Cual debe ser el perfil y como deben ser evaluados en el encargo ? Cuando en el centro de la discusión entre las fuerzas políticas el proceso del nombramiento de los comisionados se vuelven un asunto toral, las tres preguntas formuladas tienen que contener respuestas claras. Soy muy claro cuando afirmo que quienes hemos tenido el privilegio en los estados de ejercer la función contamos con las respuestas y mucho podemos aportar con ellas. Los comisionados o consejeros de transparencia deben ser mucho más que resolutores, tienen la obligación y el deber de construir una nueva relación entre gobierno y sociedad utilizando la herramienta de la información pública como una fuente de credibilidad y análisis de la función de gobierno. Somos y debemos constituirnos como puentes eficientes que unan a los ciudadanos con el gobierno, para que los primeros recuperen la confianza en sus instituciones y las personas que la ejercen y los segundos re prestigien dicha función mediante la mejora continua de la función derivada de la observación ciudadana. Los perfiles sociales, con alta dosis de capacidad negociadora, proactiva, unificadora, integradora, de alta responsabilidad y de honorabilidad manifiesta no están circunscritos a carreras profesionales específicas, aunque sin duda conocimientos legales, de administración pública, de recursos humanos son indispensables para cumplir con eficacia la función. Pero sin duda, el principal elemento para garantizar la independencia necesaria se encuentra en un claro procedimiento de evaluación que se base en el punto principal de la garantía ciudadana: Contar con información pública de calidad, oportuna, de fácil acceso, que sirva para tomar decisiones informadas, y que nos permita conocer como y porque se toman las decisiones que involucran recursos públicos. Durante mas de una década, nuestras instituciones han preparado de una manera empírica pero profesional, a hombres y mujeres que han asumido el acceso a la información pública como el nuevo motor que permitirá el avance de nuestra democracia. A lo largo y ancho del país, y en medio de la rica diversidad de nuestro país, hemos avanzado con firmeza en la construcción de un sistema que nos permite tener de manera seria una discusión que debe ser nacional y no federal. Hacer del IFAI un organismo nacional, implica enriquecerlo con las visiones locales, nutrirse de las experiencias estatales aprovechando las condiciones que desde la federación parecen tener un rumbo definido y decidido. Hago votos porque la reforma constitucional no se quede en una gran reforma legal, sino se convierta en una gran revolución conceptual. Hacer del IFAI la instancia nacional de transparencia por excelencia implica un rediseño de misiones y un enriquecimiento de visiones. El gran capital humano, la gran masa crítica que existe en el tema, deberá participar activamente para construir a partir de una reforma de gran alcance un sistema nacional robusto y simple, nacional en su conformación e integral en su aplicación. El ciudadano exige buena información, accesible, oportuna, entendible y útil. No parece muy difícil cumplirles. La clase política, esa que parece reencontrar el rumbo, tiene la palabra.