UN INFORME EN MEDIO DE SEÑALES.
Por Lic. Miguel Castillo Martínez
Una mañana fría y lluviosa se convirtió en el prólogo del séptimo informe de actividades de la CAIP. Desde muy temprana hora, en solidaridad y reconocimiento a quién en el último año ha desarrollado un trabajo relevante y complejo al frente de la Comisión de Acceso a la Información del Estado de Puebla, nos congregamos consejeros y comisionados de muchos estados del país. Y es que el informe tenía muchos significados dentro del contexto de la solidaridad y la lucha en busca de gobiernos transparentes.
Puebla, durante todo este proceso institucional, se había quedado rezagado. La ley vigente hasta fines del año pasado y la naturaleza de su órgano garante en la materia eran una clara muestra de los claroscuros en lo que vive nuestro México en este tema.
La llegada de nuevas autoridades, que en campaña generaron grandes expectativas en esta área, permitían suponer que los nuevos tiempos habían llegado y que era solo cuestión de afinar el lápiz y la pluma para cambiarle totalmente el rumbo y dejar atrás todos aquellos reproches que en materia de acceso a la información se le habían hecho durante años a los poblanos, en donde se incluía, por supuesto, una controversia constitucional aún pendiente de resolver en la corte.
Coyunturalmente, el órgano garante también cambio de dirección. Asumió la cabeza una mujer talentosa, congruente y comprometida con el tema. Surgida de los medios de comunicación, altamente respetada en el ámbito local y con una enorme disposición de coadyuvar en la transformación necesaria, por cierto con dos años de experiencia como comisionada.
Sin embargo, e
n medio de los compromisos entre la sociedad y el nuevo gobierno, quedo atrapado por momentos el órgano responsable de garantizar el derecho de acceso a la información, cuyo papel proactivo y constructivo, pero firme y decidido, ha sido por momentos mal entendido y juzgado a la ligera.
Durante este primer año de gobierno, con la participación decida de todos los actores locales, se ha podido concretar una reforma legal que dio vida a una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene como principales virtudes la consolidación de un solo órgano garante para todos los sujetos obligados del estado y la autonomía legal y constitucional de la que debe gozar todo organismo defensor de un derecho fundamental.
Sin embargo, la ley que ha sido calificada por las mismas autoridades poblanas y algunas organizaciones de la sociedad civil como una de las mejores del país, no vino acompañada de un presupuesto adecuado para el cumplimiento de sus responsabilidades, sino por el contrario, recibió una disminución en contraste con los aumentos que tuvieron otros organismos autónomos en la entidad.
Pudiera pensarse que la razón es que la reforma fue aprobada con posterioridad a la aprobación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el año 2012. Sin embargo, resulta difícil entender que en una visión global sobre un tema, no se contemplen, al realizarse un significativo cambio legal, la asignación de recursos suficientes para que se cumpla con la función encomendada, con el mandato legal.
Durante el proceso de construcción, la voz más autorizada para construir junto con el gobierno la gran reforma de transparencia en la entidad es, ha sido y debe ser, la Comisión de Acceso a la Información del Estado. Como organismo de naturaleza ciudadana, su función es esa precisamente, la de comunicar eficientemente la necesidades sociales a los actores políticos para que se generé un marco normativo suficiente que permita al arbitro, generar condiciones para que la relación gobierno – sociedad sea la adecuada.
Tengo la impresión, que en aras de encontrar héroes en este proceso, hemos equivocado a los villanos. Tengo la impresión que dentro de la naturaleza humana debiera existir generosidad y respeto por el otro, pero sobre todo un entendimiento claro del papel que juega cada uno en cada situación.
Los señalamientos que se hicieron desde muchas trincheras acerca de la evidente inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de ingresos aprobada para el ejercicio 2012, y que no fueron escuchadas a tiempo, generaron un conflicto innecesario, que aunque ya ha sido subsanado, ha dejado huellas evidentes de desgaste e incomprensión, y fueron detonadoras de acciones que enviaron señales preocupantes.
Disminución presupuestal no obstante las nuevas obligaciones, cambio en las condiciones laborales de los comisionados, y un trato público distante y ríspido, son algunos de los ejemplos de aquello que no debiera ocurrir entre quién tiene la obligación de rendirle cuentas al ciudadano y hacia quien, por mandato constitucional y legal es el encargado de garantizar al ciudadano este derecho fundamental.
Y aquí es donde vale la pena la reflexión objetiva y proactiva.
La posición de los órganos garantes es clara, en ocasiones mal entendida, sujeta a la influencia de la voluntad política y el poder público pero con un fuerte, duro y a veces hasta desmedido escrutinio.
Levantar la voz ante lo que se considera ilegal es indispensable. Esperar institucionalidad y comunicación fluida con los sujetos obligados basados en el respeto y el entendimiento del papel que cada actor juega en el proceso, necesario. Recibir los elementos legales y económicos para cumplir con el mandato legal indiscutible.
En los proceso de construcción de políticas públicas como lo es la transparencia, no hay buenos ni malos, no hay héroes ni villanos, no hay iluminados e ignorantes, no hay amigos ni enemigos. Todos, por necesidad y convicción, debemos ser aliados en un marco de respeto a nuestras diferencias y de construcción en base a nuestras coincidencias.
Levantar las piedras, retirar los obstáculos, sin duda, ayuda a construir mejores ambientes. Pero ese retiro no debe convertirse en olvido, ni mucho menos en complacencia o autocomplacencia. Debe ser una señal de apertura de unos hacia los otros, en donde quede claro que los actores, gobierno y sociedad ahora tienen que pensar en tener un órgano fuerte, independiente, constructivo, proactivo, porque será este quién genere las condiciones que permitan hacer que una ley en la práctica cumpla su función.
En ese marco, una valiente, incansable y reconocida comisionada presidente de la CAIP, rindió el séptimo informe de actividades del órgano, el primero al frente de su gestión, en donde quedó evidenciado el trabajo profesional, cotidiano y altamente evaluado que se realizo durante el año 2011.
Ahí estuvimos muchos de sus compañeros de lucha, quienes hemos vivido con ella, la construcción de un proceso que no ha sido fácil, que ha resultado altamente satisfactorio, y en donde su papel, su gentileza, su generosidad, no ha sido valorada adecuadamente.
La arropamos porque la reconocemos, la apoyamos porque la conocemos, la respaldamos porque sabemos de su alta responsabilidad, su integridad y su fuerza. La presencia de tantos estados no es casual, ella es un activo que en Puebla deber aprovecharse, dejando a un lado sensibilidades y mirando en perspectiva. Por lo pronto, nosotros en la COMAIP, no hemos desaprovechado su talento, su trabajo y su compromiso.
Desde aquí, desde estas líneas, hago votos porque, dejando a un lado pasiones personales, proyectos únicos y visiones individuales, en un análisis que lleve a su justa dimensión lo que ha ocurrido el último año en Puebla, se concreten las acciones de una ruta que es esperanzadora.
Al apagarse los reflectores, en la soledad de cada uno de los actores, valorar lo que cada uno puede aportar es un acto de grandeza, reconocer los errores y enmendarlos un acto de justicia.
Y así, ante un abarrotado salón, en un marco de austeridad republicana, rindió cuentas a la sociedad un organismo que esta llamado a ser un referente nacional, siempre y cuando, todos y cada uno de los que en sus manos tiene la decisión de fortalecerlo, tomen las decisiones correctas.
Yo, en lo personal, felicito a mi amiga Blanca Lilia. Tu trabajo no será en vano, el esfuerzo, siempre será recompensado.
